Ley Bases y reforma fiscal: Diputados solo puede aceptar o rechazar lo que aprobó el Senado, pero con margen limitado

Llegó la hora de las definiciones para los proyectos de Ley Bases y las medidas fiscales que se encuentran a un paso de alcanzar su sanción definitiva en el Congreso. La última palabra la tendrá la Cámara de Diputados, que tendrá en sus manos la facultad de definir si acepta o rechaza algunos o todos los cambios introducidos a ambas iniciativas en su paso por el Senado.

Así lo establece el artículo 81 de la Constitución Nacional, que le otorga a la cámara iniciadora, es decir a la que primero trató un proyecto, la última palabra a la hora de definir la redacción final que tendrá una ley en el caso de que el texto hubiera sufrido cambios en su paso por la cámara revisora.

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“La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria”, sostiene la cláusula constitucional. “A menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes”, continúa el artículo. En este supuesto, se necesitará de una mayoría similar para poder insistir en la sanción original.

Eso sí, la ley fundamental cierra el camino el camino a cualquier nuevo cambio. En otra palabras, Diputados sólo podrá optar por un menú cerrado de opciones, ya no tiene chances de introducirles nuevas modificaciones a los proyectos. Será una sola votación, salvo la de aquellos artículos que requieran mayoría calificada , es decir que fueron aprobados en senado por dos tercios. Esta situación podría empantanar la sesión, pero el jueves se esperaría una sesión más corta y no tan maratónica. El debate será más corto porque no habrá discusión en particular sino que en el debate inicial se expondrán las razones para insistir o no en tal o cual versión.

Si bien de la letra del artículo se pude entender que la aceptación o el rechazo de las modificaciones es en bloque, lo cierto es que un acuerdo entre ambas cámaras interpretó la letra de la carta magna y abrió la puerta a que se puedan hacer un mix entre ambas redacciones, es decir que se pueden aceptar algunos cambios de la cámara revisora e insistir en la redacción de la cámara iniciadora en otros.

Esto quedó establecido en un acta firmada en octubre de 1995 por los presidentes de ambas Cámaras legislativas, los peronistas Alberto Pierri (Diputados) y Eduardo Menem (Senado), que en su primera cláusula sostiene que “cuando un proyecto de ley vuelve a la Cámara de origen con adiciones o correcciones introducidas por la Cámara revisora, podrá aquélla aprobar o desechar la totalidad de dichas adiciones o correcciones o aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún caso introducir otras modificaciones que las realizadas por la Cámara revisora”.

Esto es lo que ocurrirá con los proyectos del Poder Ejecutivo, en los que la Cámara baja terminará haciendo un mix entre ambas sanciones. Así, por ejemplo, Diputados se dispondría a aceptar algunos de los cambios introducidos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en la Ley Bases; pero insistiría en el texto que aprobó el 30 de abrir último en los títulos de Ganancias y Bienes Personales de la reforma fiscal, que fueron eliminados en su totalidad por el Senado.

Este último caso ha dado pie a un debate en los últimos días. Hay constitucionalistas, como Andrés Gil Domínguez, que sostienen que la caída in totum de los dos títulos, que tenían un total de 36 artículos, se asemeja al rechazo de un proyecto, por lo que Diputados no podría insistir en su reposición en segunda revisión.

La postura contraria, que impulsa el oficialismo con el apoyo de la mayoría de las bancadas de la oposición dialoguista, sostiene que la pérdida de esos títulos completos debe ser considerada como parte de las “correcciones” al proyecto aprobado por la cámara iniciadora y, por lo tanto, pueden ser revertidas si se consigue aprobarlas con la misma mayoría con la que fueron rechazadas por la cámara revisora.

La Constitución también establece en su artículo 81 que “ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora”.

Aventado, entonces, el fantasma de la denominada Ley Mucci, la reforma sindical impulsada por el gobierno de Raúl Alfonsín que el peronismo hundió en el Senado hace 40 años, tanto la ley Bases como la reforma fiscal ya no podrán ser rechazadas por la Cámara baja.

Sin embargo, el oficialismo no puede confiarse. Aunque parece una posibilidad lejana, los proyectos todavía pueden quedarse a las puertas de su sanción y no alcanzar la condición de ley. Una ruptura en el diálogo político con la Casa Rosada podría dejar a las iniciativas sin las mayorías necesarias, lo que obligaría a congelarlas y que nunca lleguen al recinto de Diputados para su discusión en segunda revisión.

Hay antecedentes en ese sentido. El último caso fue la reforma judicial que en plena pandemia impulso el gobierno de Alberto Fernández con la intención de licuar el poder de los jueces de Comodoro Py. El texto aprobado en la Cámara baja fue modificado por el Senado presidido por Cristina Kirchner para crear juzgados federales a pedido de intendentes y gobernadores peronistas. El kirchnerismo nunca logró reunir el número para sancionarla en segunda revisión y quedó en el olvido en Diputados.