CÓRDOBA.– “A la familia Musse, ante tanto dolor por el fallecimiento de Solange, nos queda decirle que la acompañamos como a tantas otras que este Covid-19 se ha llevado; y por ello, impartir Justicia en este caso quizás ayude a mitigar ese dolor que la familia Musse lleva consigo. Dicen que los jueces hablamos a través de nuestras sentencias, también lo debemos hacer en nuestras vidas, poniendo a cada minuto lo mejor de nosotros, y es imposible separar lo jurídico de lo humano, porque en definitiva lo que nos precede es lo segundo a lo primero, se trata en definitiva de humanizar la Justicia”.

El texto, firmado por el juez de Control de Huinca Renancó, Claudio Mazuqui, es parte de la resolución de elevación a juicio en la causa contra el médico Eduardo Javier Andrada y la trabajadora social Analía Morales, integrantes del ex-Centro de Operaciones de Emergencia (COE), por el delito de “abuso de autoridad e Incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En el mismo acto se dispuso el sobreseimiento del agente de la policía caminera Darío Mansilla y del médico Sergio Alí.

Solange Musse murió el 20 de agosto del 2020: tenía 35 años y transitaba un cáncer de estadio cuatro. Había viajado desde Neuquén a Córdoba para atenderse y se instaló en Alta Gracia. Por su gravedad, en los últimos días fue internada en un sanatorio privado, donde finalmente falleció.

Cuando a su padre, a quien ella había pedido ver, le negaron el acceso a la provincia por un test sospechoso de Covid-19, escribió: “Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. ¿Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona”.

Control sanitario

El domingo 16 de agosto del 2020, Pablo Musse, papá de Solange, y su cuñada recorrieron 1100 kilómetros desde Neuquén a Córdoba para visitarla. Al llegar al control sanitario de la localidad Huinca Renancó, en el límite cordobés con La Pampa, les hicieron un test a ambos. El de Paola Oviedo dio negativo, mientras que el de Musse arrojó un “resultado dudoso”. Por este motivo, la policía les negó el acceso y los escoltó de regreso a su ciudad.

“Con una resolución acorde a derecho, será el comienzo a fines de darle a la familia Musse la tranquilidad de que desde no tan solo lo jurídico, sino de lo humano, el Poder Judicial está a la altura de resolver las distintas peticiones”, completó el juez en la resolución.

La resolución judicial indica que el Ministerio Público Fiscal deberá extraer copias de las partes pertinentes, a fin de continuar con la investigación de otros posibles hechos delictivos, con otros probables autores, en particular de cuando el padre de Solange quiso ingresar a Córdoba.

En esa línea, indica que el tribunal competente “debería intervenir, conocer, investigar y decidir si ha habido la comisión de delito alguno y responsabilidad penal que comprometa al máximo titular del Poder Ejecutivo Nacional” el 16 de agosto del 2020 cuando el padre de Solange intentó llegar a ver a su hija. Plantea que “algún o varios funcionarios públicos” podrían estar involucrados. “De esta manera poder cumplir y hacer valer esa sentida frase de Solange: ‘Hasta el último suspiro tengo mis derechos’”, añade.