Por segunda vez, el Gobierno demora los aumentos de gas para abril y pisa otros servicios

De la libertad absoluta del mercado para determinar precios a mirar con obsesión el dato de inflación. En algunos puntos clave del manejo de la economía, el Gobierno dio un golpe de timón a 100 días de asumir.

Los precios de los combustibles se moderaron del 35% de aumento en diciembre al 7% de principios de mes. Y la actualización de tarifas de gas se postergó dos veces. Inicialmente, la suba iba a ocurrir en febrero pasado, pero por estos días se decidió postergarla nuevamente para abril, según confirmó una fuente que participa de la implementación de esa medida.

Lo mismo sucedió la semana pasada con los aumentos de los pasajes de tren y colectivo del AMBA, previstos para el mes próximo, pero ahora con futuro incierto.

“Es una decisión política”, contestan los funcionarios técnicos que iniciaron el año haciendo hincapié en la necesidad de ajustar precios relativos rápidamente y ahora piden paciencia, pese a que la inflación mensual de dos dígitos requiere mayores dosis de creatividad por parte de las empresas para no quebrar la cadena de pagos.

“La política marca el ritmo”, dicen con resignación las empresas distribuidoras de gas -entre las que se encuentran Metrogas, Camuzzi y Naturgy-. En la audiencia pública del 8 de enero pasado, a menos de un mes de iniciado el gobierno de Javier Milei, les habían prometido que los aumentos tarifarios iban a ser en febrero. No había tiempo que perder para que las boletas de gas muestren el costo real del servicio.

En esa audiencia pública, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, había dicho que iba a haber una “readecuación progresiva de subsidios” y que se quitaría un 33% del subsidio en los inicios de cada mes de febrero, marzo y abril hasta llegar a pagar el costo pleno. “La segmentación de subsidios actual se mantiene hasta el 1 de abril y luego comienza un nuevo esquema de subsidios”, dijo.

La reducción de subsidios es un punto clave en la estrategia del ministro de Economía y del presidente Javier Milei, debido a que permitirían acercar al Gobierno al equilibrio fiscal que espera consolidar.

Más de dos meses después, los nuevos cuadros tarifarios de gas todavía no vieron la luz, pese a que el ente que regula el sector, el Enargas, los tiene redactados desde febrero, a la espera de una señal de Economía.

“Luis Caputo tiene dos objetivos: el equilibrio financiero y que los números de inflación, vayan bajando. Por eso demoró los aumentos de gas y le pisó a YPF la suba de los combustibles”, dijo en reserva un empresario de larga trayectoria en el sector.

Si bien YPF iba a manejarse como una empresa 100% privada, en los últimos días recalculó y empezó a tomar decisiones que consideran los intereses de su accionista principal: el Estado argentino. En primer lugar, moderó los aumentos de nafta y gasoil y se alejó del objetivo de llevar el precio del barril de petróleo a los valores internacionales. Todavía existe una brecha de precios entre los US$70 que cuesta el barril criollo y los US$80 que reciben las empresas que exportan.

Luego, se diferenció de sus pares de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), cuando la entidad le envió una carta al secretario de Energía reclamando por la demora en los pagos del Plan Gas. “Toda comunicación emitida por la CEPH no incorpora la posición de YPF, salvo que expresamente así lo indique”, dijo la petrolera en un comunicado.

No importó que la CEPH haya simplemente reenviado una nota que ya dirigió a todos los funcionarios económicos anteriores en al menos siete ocasiones, desde octubre de 2022.

Al igual que las generadoras de electricidad, que reclaman por la ausencia de pagos desde mediados de enero, las productoras de gas también sufren la austeridad de recursos del Tesoro. En el caso de ellas, no solo les adeuda Cammesa, la compañía encargada de los despachos de energía eléctrica, sino también la estatal Enarsa y la Secretaría de Energía por el pago del Plan Gas.

Si todavía no salieron a quejarse con más énfasis es porque durante el verano las boletas de gas son menos abultadas que las de electricidad.

“El gobierno anterior antes de irse achicó un poco la deuda, pero en enero y febrero se acumularon más cuentas impagas. No nos preocupa tanto eso como saber cómo piensa el Gobierno manejarse a futuro”, dijo una productora de gas, que confirmó que este jueves habrá una reunión con el secretario de Energía para hablar sobre estos temas. Las empresas se ilusionan con la presencia, también, del ministro de Economía.

En el Gobierno, por su parte, consideran que el primer trimestre del año fue de transición y que las deudas se resolverán con la emisión de un bono. Sería una especie de Bopreal para las generadoras de electricidad y productoras de gas.

A partir de abril, el costo de los servicios energéticos ya deberían ser abonados por los hogares, comercios e industrias, dejando al Tesoro con un margen mínimo de subsidios por cubrir, siempre y cuando los aumentos sean tolerables para la sociedad y no haya intromisión de la Justicia.

Las distribuidoras de gas también están a la espera de conocer sus nuevas tarifas. El último aumento que tuvieron fue en abril del año pasado, cuando la gestión de Sergio Massa les autorizó una suba en torno al 100%. Para sostenerse, las inversiones se mantienen en niveles mínimos, pero la distribuidora Camuzzi ya anunció que no podrá pagar el vencimiento de marzo, que fue el lunes 4. Tampoco habilitó paritarias durante estos meses y la semana pasada, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Mar del Plata (Stigas) se declaró en estado de alerta.

“Necesitamos que los cuadros tarifarios se publiquen esta semana, aunque entren en vigencia en abril. Pero deben salir ya porque los ánimos no se aguantan más”, dijeron en una de las distribuidoras. Las empresas también le enviaron una carta hoy al Enargas para pedir “claridad sobre el futuro”.