En medio del conflicto por el uso de los fondos fiduciarios durante la gestión de Alberto Fernández, Fernanda Miño, quien estuvo al frente de la Secretaría de Integración Sociourbana y está vinculada al referente social Juan Grabois —apuntado por este tema—, aseguró que “no hubo choreo” al momento de utilizar ese dinero y que las obras se hicieron. “Es muy fácil y comprobable”, agregó la exfuncionaria. “Hay una animosidad de hacer ver este trabajo como sucio. Acá van a encontrar un puñado de patriotas”, marcó la mujer, encargada del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso creado por ley para financiar proyectos a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
“Teníamos auditorías casi cada tres meses. [Miguel] Pichetto las mandaba a hacer y es pública esa información”, se explayó la militante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en diálogo con radio Mitre. En ninguna parte de la entrevista, la mujer se refirió a su relación con Grabois.
Miño sí aseguró: “Siempre fue transparente y pública la base de datos donde íbamos mostrando lo que hacíamos en todo el país” con las intervenciones urbanas en los barrios populares. La exfuncionaria dijo no saber a qué se refieren las acusaciones por el mal uso de los viáticos y comisiones que investiga el Gobierno. “Aclaro que los viáticos aéreos no están permitidos por ley sacarlo del fideicomiso. Los financiaban los ministerios cuando íbamos a ver que las obras se realizasen”, indicó al respecto.
Para la funcionaria que respondía a la gestión de Fernández, las acusaciones en contra de su labor son “más una puesta en escena para ocultar la situación económica que está sufriendo el pueblo argentino y trabajador”.
En el barrio La Cava, se habrían finalizado dos obras de acuerdo a los registros a los que accedió este diario. Una sería una red cloacal que habría beneficiado a 1150 familias y para la que fueron asignados $134.163.743,79. El segundo proyecto fue el de mejoramientos de vivienda para 12 hogares, por $9.319.475,4. Los vecinos reportan que se ayudaron a familias amigas de los “promotores del barrio”.
Miño se excusó de que para hablar de robo de dinero o manejos irregulares del fondo “hay que tener datos e ir a la base de datos”. “Cuando no hay ánimo de contar lo que sucede y solamente se quiere contar mentiras es mucho más fácil. Si quieren ver lo que hicimos los puedo acompañar, dijo la exfuncionaria.
Indicó, a su vez, que el 9% del impuesto PAIS que recibía el FISU como parte de la financiación “lo usábamos para integrar los barrios, para comprar lotes”. Sobre estas adquisiciones, aseguró que se hacían en pesos pese a que los terrenos estaban valuados en dólares.
En la jornada de este miércoles, Grabois se despegó del manejo del FISU. “No tengo absolutamente nada que ver porque no fui funcionario”, argumentó al referirse a las notas periodísticas que lo vinculan al manejo de esos fondos. Y dijo además conocer a Miño, a quien en su campaña electoral para la presidencia había asegurado que si ganaba sería su ministra de Desarrollo Social.
Para erradicar el hacinamiento, urbanizar todos los barrios populares y crear el millón de terrenos familiares con servicios destinados a viviendas y quintas productivas -que es lo que necesita Argentina si quiere resolver su crisis habitacional y alimentaria- en un plan de 8… pic.twitter.com/qvR75rbtMe
— Juan Grabois (@JuanGrabois) February 21, 2024
“La gente que lo gestionó en el Gobierno anterior son personas que conozco y que promuevo y felicito, lo hizo con transparencia, lo hizo con honestidad, lo hizo con eficiencia, hizo 1500 obras de integración urbana. Unas 300 mil soluciones para una nueva pieza en las casas donde había hacinamiento crítico”, señaló Grabois.
El informe al cual accedió LA NACION indica que de las 6517 obras reportadas, tan solo 400 figuran como finalizadas, es decir un 6%. En tanto que 5886 se encontrarían en ejecución y 231 en etapa de contratación. A su vez, 133 de las finalizadas tienen que ver con veredas y cordones cuneta (más de un tercio). Según Miño, estas últimas obras mencionadas son “lo que más necesitan [los vecinos de los barrios populares] para poder transitar”.

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