En medio de las críticas que recibe el gobierno libertario de Javier Milei por la publicación, en su segunda semana de gestión, del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de más de 80 páginas que desregula gran parte de la economía, el ministro del Interior, Guillermo Francos, habló este viernes sobre cómo percibe el mandatario tanto las manifestaciones sociales en su contra como las detracciones de otros sectores políticos.
“Milei fue elegido para realizar estos cambios en la Argentina, tiene la legitimidad del 56 por ciento de los argentinos, eso hace que se sienta absolutamente empoderado para llevar adelante este proceso de transformación”, señaló Francos, en diálogo con Radio Rivadavia, frente a la consulta del rechazo manifestado en particular por el radicalismo,
En alusión al comunicado emitido este jueves por Martín Lousteau, recientemente elegido presidente del radicalismo, Francos agregó: “Cualquier representante tiene el derecho de hacer sus funciones a favor y en contra, estamos dispuestos a dialogar con todos los sectores”.
En relación a los cuestionamientos judiciales y luego de la primer amparo presentado por La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad contra el DNU, Francos aclaró que “cualquiera que tenga intereses” en llevar la cuestión a la Justicia podrá hacerlo. “Si se judicializa el Estado vendrá con su cuerpo de abogados para contestar las indicaciones que haya y llevar adelante la norma”, afirmó.
Durante la entrevista, el ministro del Interior destacó que el DNU anunciado por Milei marca el camino planteado durante toda la campaña electoral. “La dirección inexorable del cambio está puesto en ese decreto y en la ley que se enviará a consideración al Congreso”, destacó Francos.
“Lo que el Presidente pretende con este DNU es terminar con esta Argentina regulada, terminar con todos los mecanismos que trabaron al país, abrirlo a la competencia, y una absoluta consciencia de que la forma de salir de esta situación es eliminar el déficit fiscal”, aclaró el funcionario.
“Podrá analizarse si una norma tiene características de DNU o no las tiene, o si el decreto tiene aspectos constitucionales que no son considerados, pero lo importante es cambiar el cambio de época”, continuó Francos.
“El Congreso tiene todo el derecho de decir que rechaza este DNU, para eso tiene una comisión bicameral, tendrá que analizarlo”, insistió el ministro al tiempo que ahondó en la importancia de construir consensos y acuerdos en pos de lograr una mayorías dada la representación legislativa minoritaria que tiene La Libertad Avanza en ambas cámaras parlamentarias. “Hay una cantidad de gobernadores que apoyan esta necesidad de transformación en la Argentina”, concluyó Francos.
Las críticas de Lousteau
Las declaraciones de Francos tras el rechazo del DNU en varios sectores de la oposición. Tal fue el caso del recientemente elegido presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, quien se sumó ayer a los detractores del megadecreto al calificar la amplitud y longitud del mismo como “inédita”. Además, cuestionó que el paquete no haya pasado por el Congreso para tratarlo. “Así no funciona una democracia plena”, lanzó el también exsenador.
En un comunicado que publicó en la red social X, Lousteau se refirió al decreto de 82 páginas que deroga más de 300 leyes y desregula algunos aspectos de la economía y establece una reforma laboral. En ese sentido, pidió una “ley espejo” que “se pueda votar por capítulos”, dado que considera que el DNU es “inválido”.
El dirigente hizo alusión, en primer lugar, a la longitud del decreto. “Anoche el Presidente anunció un Mega DNU de una amplitud y longitud inédita”, comenzó. “Estoy de acuerdo en que debemos cambiar muchas cosas en la Argentina, entre ellas el improductivo desempeño de partes de nuestro Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores de la economía”, continuó, para luego agregar: “Pero este DNU tiene 82 páginas con 366 artículos que derogan y modifican un sinnúmero de leyes y decretos”.
Asimismo, Lousteau criticó al Gobierno por no presentar las derogaciones y contenidos del decreto en el Congreso para que se trate en sesiones extraordinarias.
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